Cifuentes ve motivos políticos en la acusación de corrupción en la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid

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Aumenta la tensión en el PP,  ante la reiteración de casos de corrupción, la inminente moción de censura de Podemos, las dudas crecientes en Ciudadanos en cuanto a su apoyo a la gestión del Gobierno y en la tarde de hoy, luego de conocerse un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica  en el que destaca la presunta participación de la actual  presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, titular de la empresa Cantoblanco y ex presidente  de la patronal CEOE,  imputado en la causa por aportarfondos a la caja” “B”del PP. Cifuentes tildó el documento de “juicio de valor sin fundamento jurídico alguno” y apuntó a una conspiración.

El informe, remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y conocido ahora tras levantarse el secreto de sumario, destaca que Cifuentes intervino en las supuestas“valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la gestión de los servicios de comedor y cafetería del edificio de la Cámara autónoma al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña.

Según los investigadores, en aquella adjudicación se tomaron decisiones que“podrían ser constitutivas” de delitos de prevaricación continuada y cohecho en los que “se aprecia la presunta participación” de la actual presidenta madrileña.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción apuntaron que pese al contenido del informe, “a día de hoy” no se había abierto una investigación sobre Cifuentes, aunque admitían que no podían descartarlo en el futuro. Fuentes judiciales señalaron  queVelasco está investigando el informe, pero “por ahora” no piensa imputar a la dirigente popular.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

 

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