El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite los recursos de amparo presentados por familiares de Lasa y Zabala, militantes de ETA asesinados por los GAL en 1983.

El TC avala que queden excluidas de esas ayudas complementarias quienes participen en delincuencia organizada o pertenezcan a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos.

Los familiares de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, junto con los de otros tres fallecidos, entre ellos los del exdiputado de HB Josu Muguruza, recurrieron con el argumento de que esas resoluciones vulneran la presunción de inocencia.

La decisión se ha adoptado con el voto particular discrepante de la hasta ahora vicepresidenta del TC, Adela Asua, al que se ha adherido el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Se trata de autos de la Sala Segunda del TC que no admiten  a trámite los recursos de amparo presentados por familiares de Mikel Goicoechea Elorriaga, Rafael Goicoechea Errazquin, Josu Muguruza Guarrochena, José Ignacio Zabala Sagastume y José Antonio Lasa Arostegui, todos ellos asesinados en distintos atentados terroristas.

Oportunamente habían recurrido  las resoluciones que les denegaronuna indemnización complemenaria de actualización de las ya percibidas con anterioridad, prevista en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

El TC rechaza que las resoluciones recurridas vulneren el derecho a la presunción de inocencia por denegar la indemnización de acuerdo con el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos.

Explica que este precepto excluye de las ayudas a la víctimacuando ésta “participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos”.

Todos los recursos, a excepción del presentado por la familia de Muguruza, no  son admitidos además por una cuestión formal, como es el hecho de haber sido presentados fuera de plazo. Según los recurrentes, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)avalaría su tesis sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de los fallecidos.

Jurisprudencia

El TC explica que uno de los elementos que el TEDH(Tribunal Europeo de Derechos Humanos)  considera necesario para determinar si una decisión judicial o administrativa ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia es que exista un vínculo entre el proceso penal de origen y el proceso en el que supuestamente se produce la vulneración del citado derecho.

Es decir, “las afirmaciones de la pertenencia de los fallecidos a la organización terrorista no son expresiones que de manera artificial o indebida manejen las resoluciones recurridas sino que se ajustan al lenguaje técnico utilizado por el Convenio Europeo de Indemnización a las víctimas”, argumenta el Tribunal Constitucional.

Indica que en estos casos los informes policiales constituyeron“demostración suficiente” de la concurrencia del presupuesto previsto en el Convenio para la denegación de la indemnización.

En su voto particular, Asua y Valdés consideran que no era de aplicación el artículo 8 del Convenio europeo, pues no es de ejecución automática sino que habría requerido su previa transposición al ordenamiento jurídico español, ya que además la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismono remite al mismo.

Por ello creen que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia pues en ninguno de los casos hay una sentencia judicial que así lo afirme.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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